De un Derecho a una Obligación para el Desarrollo Nacional
Por: Francisco Roncallo Nader
En la sociedad contemporánea, la discusión sobre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos es un tema recurrente que refleja la complejidad de los desafíos que enfrentan las naciones. Colombia no es la excepción en este sentido, ya que se encuentra en un momento crítico y es crucial para su desarrollo y donde la educación emerge como un elemento fundamental que debe ser considerado más allá de un simple derecho, como una auténtica obligación individual y social.
La educación, sin lugar a dudas, es un pilar sobre el cual se construye el progreso y la prosperidad de una nación. Es la herramienta que permite la formación de individuos capaces, críticos y comprometidos con el desarrollo de su sociedad. Sin embargo, argumentar que la educación debe ser considerada únicamente como un derecho puede limitar la verdadera comprensión de su impacto en el bienestar colectivo.
Es crucial reconocer que una sociedad no puede avanzar de manera efectiva si no se atienden ciertas responsabilidades y deberes por parte de sus ciudadanos. En este sentido, la educación no puede ser vista únicamente como una opción personal, sino como una obligación que cada individuo debe cumplir en aras de su propio crecimiento y del progreso de su país. En lugar de considerar la educación como un simple beneficio individual, es necesario entenderla como una inversión en el futuro de la nación.
La argumentación de que las personas sin al menos un nivel de educación básica no deberían estar habilitadas para votar o tomar decisiones de estado no surge de un deseo de excluir a segmentos de la población, sino de reconocer que la capacidad de tomar decisiones informadas y racionales está intrínsecamente ligada al nivel de conocimiento y comprensión de los asuntos que afectan a la sociedad. Así como los menores de edad no tienen el derecho de votar debido a su falta de madurez y comprensión plena de los temas políticos, las personas que carecen de los conocimientos mínimos tampoco deberían tener un peso igual en la toma de decisiones que afectan a todos.
En esta línea de pensamiento, se podría argumentar que, si un menor de edad no está apto para votar según la constitución, por la misma lógica, una persona sin los conocimientos y estudios mínimos tampoco debería estarlo. Esta analogía busca resaltar que la toma de decisiones a nivel estatal no debe ser considerada un simple acto de expresión, sino una responsabilidad que requiere una comprensión sólida de los problemas y desafíos del país.
En conclusión, la educación en Colombia debe trascender la categoría de un derecho para convertirse en una obligación tanto individual como social. En un mundo cada vez más complejo y competitivo, el acceso a la educación de calidad no solo beneficia al individuo, sino que también es un imperativo para el avance y la prosperidad de la nación en su conjunto. La idea de que la educación mínima sea un requisito para ejercer el voto o tomar decisiones de estado no busca discriminar, sino garantizar que quienes participen en la dirección del país estén debidamente informados y preparados para enfrentar los retos que se presentan.